viernes, 27 de abril de 2012

Porqué las políticas del PP son radicales

El PP no tiene un Programa Electoral oculto, simplemente no existe.

La debacle económica de la primera década del siglo XXI ha tenido entre otros efectos el producir tal nivel de interferencias emocionales en los discursos políticos que hechos fundamentales han pasado desapercibido al conjunto de la sociedad y a gran parte de su dirigencia política, social, intelectual y económica.

En España, la dinámica errática provocada a partir de mayo de 2009 por el gobierno de Rodríguez Zapatero provocó tal confusión que hábilmente aprovechada en línea con la teoría del shock permitió que en el momento de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el PP pudiera presentarse sin un programa electoral y tan sólo necesitara de simples declaraciones generales articulada sobre el ambiguo término de reformas, que le permitían prometer una cosa y la contraria.

Con gran estupor, medios de comunicación, analistas políticos, intelectuales universitarios, pero sobre todo la ciudadanía, contemplan ahora como el PP ha emprendido un programa radical de reformas que aprovechando una mayoría absoluta amplísima le permite soslayar todos los controles democráticos.

El PP ejecuta el programa de máximos neoliberal.

Es cierto que el Partido Popular se presentó a las elecciones generales de 2011 sin un programa electoral propio, tal y como lo hemos entendido hasta el momento en España. Es decir, un conjunto de propuestas fruto del debate de las distintas sensibilidades existentes en su seno y con un consenso más o menos asumido por todas las partes.

Pero no es menos cierto que el PP tiene un conjunto de medidas que han puesto en marcha de forma inmediata una vez tomado posesión del gobierno de la Nación. Ese conjunto de acciones, justificadas como reformas, es el proyecto de máximos neoliberal, elaborado exclusivamente por economistas.

Hasta la fecha, ese proyecto de máximos sólo se había aplicado en toda su extensión en Chile tras el golpe de estado militar protagonizado por el general Pinochet. Es decir, la única vez que el programa de máximos se ha aplicado en toda su extensión fue en un contexto dictatorial, ya que Ronald Reagan y Margaret Thatcher solo pudieron ejecutarlo parcialmente y con gran dificultad.

Las condiciones políticas de España son perfectas para su aplicación: una sociedad en estado de shock y una amplísima mayoría política en las Cortes Generales, que le permite configurar a su gusto la mayoría de los órganos de control del Estado como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, entre otros, la práctica totalidad de Comunidades Autónomas y casi el 100% de las grandes ciudades de la Nación.

El mayor problema del proyecto de máximos neoliberal es que su concepción exclusivamente economicista choca contra la realidad social y científica, como ya estamos viendo con las medidas radicales impuestas en materia de empleo, sanidad, educación, lo que lo convierte en un modelo ineficiente, inestable e insostenible, condiciones que convierten todos los proyectos políticos en inviables.

El proyecto de máximos neoliberal es incompatible con la democracia: Proyecto totalitario.

En esencia, el proyecto de máximos neoliberal es incompatible con la democracia, ya que se trata de un proyecto totalitario que pretende conformar un modelo de sociedad sin debate que por otra parte sabe perdido. Su ideólogo principal, el economista norteamericano Milton Friedman, sabía de lo impopular de sus propuestas por lo que recomendaba su aplicación total e inmediata, mientras duraba el estado de shock de la sociedad porque luego sería demasiado tarde.

El programa de máximos neoliberal persigue una sociedad desestatalizada, donde los mecanismos institucionales de control son sustituidos por órganos económicos no sujetos a control político. Una sociedad donde los agentes privados económicos gestionen sin ningún tipo de regulación democrática el conjunto de intereses sociales.

Hasta tal punto es totalitario el proyecto de máximos neoliberal, que busca la eliminación de lo que Milton Friedman denominaba “triángulo de acero”, lo que en términos constitucionales españoles se traduce en el Estado Democrático y Social de Derecho.

Como no puede eliminarse la democracia formal se opta por vaciarla de contenido.

Al ser conscientes que en un entorno democrático dichas políticas serán difícilmente aplicables, pero asumiendo la imposibilidad de plantear golpes de estado tipo chileno en países del primer mundo, el neoliberalismo optó por vaciar de poder real las instancias de extracción democrática mediante la delegación de sus poderes en organismos de regulación independientes de los órganos de extracción democrática, parlamentos y gobiernos.

Así, bajo el argumento de sustraer de la confrontación partidaria determinadas políticas, se promovieron órganos profesionalizados en el ámbito financiero y de mercados regulados, que rápidamente fueron confiados a expertos neoliberales, los cuales crearon las condiciones adecuadas para dar los siguientes pasos. Uno fundamental fue la de otorgar independencia a los bancos centrales, hasta el punto que habría que preguntarse si el proyecto Euro no era en sí mismo la piedra angular del actual tsunami neoliberal.

El neoliberalismo ha asumido y adaptado la dialéctica marxista: el conflicto, desde la realidad histórica a la virtud económica.

La transformación radical del PP desde un posicionamiento ideológico tardofranquista hasta su integración plena en la corriente mundial del neoliberalismo se consumó durante el segundo mandato de Aznar. Por ello, comparadas con las actuales políticas del PP, las de 1996-2004 parece casi moderadas.

Este cambio, que quedó ahogado por las bombas del 11M, impidió su visualización a nivel de gobierno pero no a nivel de propuestas, y que fueron recogidas una a una en los documentos de FAES, el think tank utilizado por el movimiento neoliberal para extender sus postulados por los países hispanoparlante.

Uno de los principios más llamativos del neoliberalismo ha sido la asunción de postulados marxistas hasta el punto de hacer suya la dialéctica marxista. Es decir, el neoliberalismo ha asumido la realidad no desde una óptica estática de corte religioso, étnico o cultural, sino sometida al devenir y la historia y donde el estado natural es el conflicto entre clases antagónicas de poseedores y desposeídos.

En principio, el neoliberalismo, de corte darwiniano, asume que para el fortalecimiento social es necesario mantener el conflicto, por lo que rechaza cualquier política de apaciguamiento, ya sea social (Estado de Bienestar) o político.

A partir de esta premisa, el neoliberalismo, al contrario del liberalismo histórico, no pretende crear mediante la ley un marco estable de libertad donde el individuo actúe desde la certeza y la seguridad jurídica, sino eliminar el marco de consenso social que imposibilite la reconstrucción del Estado del Bienestar, que restringe la libertad de movimiento de las fuerzas económicas, y a la postre sume a las sociedades en una apatía autodestructiva.

Podemos ejemplificar esta política entre un “ellos”, la sociedad trabajadora democrática, y un “nosotros”, los poseedores del capital, cuyo conflicto es inevitable, y por lo que hay que asegurarse que en el momento de la lucha las fuerzas estén debidamente desequilibradas.

El ajuste como excusa, y la reforma como estrategia.

Las circunstancias han permitido que el brazo ejecutor del neoliberalismo en España, disponga de las condiciones óptimas para la implementación de la estrategia del neoliberalismo y la aplicación real del programa de máximos.

Para ello cuentan con la inestimable, pero laboriosamente construida, complicidad del Banco Central Europeo que ajeno al control democrático puede mantener un discurso de ajuste que avalan las medidas del gobierno del señor Rajoy.

El “mantra” para vestir ese ajuste son las reformas estructurales, es decir, el cambio radical del Estado y sus instituciones, vaciándolas de poder real mediante la privatización de sus servicios, la delegación del control en organismos privados y autónomos respecto al poder político democrático, a la vez que se impide el consenso como resolución del conflicto y se endure las leyes penales que permitan el control del inevitable descontento social.

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