miércoles, 28 de abril de 2010

Donde termina la laicidad y donde empieza la libertad de culto

Aunque pueda parecer lo contrario, el debate sobre el uso de elementos religiosos en espacios públicos lo llevo escuchando desde mis tiempos en los Salesianos de Málaga. Pero es verdad que en los últimos años ha adquirido rango de debate social que, en mi opinión, muchas veces mezclan churras con merinas lo que provoca la imposibilidad del debate sereno y abre la puerta a los discursos demagógicos, xenófobos y chauvinistas.
El marco teórico sobre la religión en España está claro y se recoge en el artículo 16 de nuestra Constitución, que para aquellos que lo hayan olvidado (o nunca lo hayan leído) dice lo siguiente:
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones
.”
En este artículo hay a mí entender dos elementos fundamentales: primero, que el estado carece de religión estatal, esto es que ninguna expresión del estado podrá exhibir elementos religiosos, y segundo que la manifestación religiosa solo tiene como límite el orden público.
Sobre el debate de crucifijos en las aulas, poco hay que hablar. Ningún continente público, es decir, propiedad del Estado y por lo tanto de cualquier administración (central, autonómica, local) puede mostrar elementos confesionales. Entiendo además, que los funcionarios públicos en el ejercicio de su función tampoco podrán mostrarlos, como son los profesores contratados por la administración en cualquiera de sus modalidades. Pero tampoco jueces, personal sanitario, ni el jefe del Estado. Claro que una vez que dejen de ejercer su función pública, en sus vidas cotidianas, podrán ejercer su libertad a manifestar su religión.
Otra cosa es el ciudadano, que tiene libertad completa “sin más limitación en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento de orden público protegido por la ley”. Por lo tanto, el uso de cualquier vestido, uso o costumbre que cualquier persona pueda desarrollar es decisión personal y respetable, siempre que mantenga el orden público, como puede ser un velo, una cofia, un uniforme, un pañuelo, una kipá, collares, aros, etc. y su uso nunca puede estar restringido, excepto, naturalmente, por cuestiones de seguridad o sanidad, por ejemplo.
¿Qué pasa entonces con el velo que usan algunas mujeres en el mundo islámico para cubrirse el pelo o hiyab? Está claro que legalmente no existe ninguna limitación como complemento de vestir, y como símbolo religioso, al no alterar el orden público, constitucionalmente no puede ser prohibido.
Ahora bien, existen normas legales o consuetudinarias que limitan determinados usos. En occidente, tener la cabeza cubierta en un recinto cubierto se ha considerado históricamente como una falta de educación. Hay una anécdota muy reveladora hasta qué punto era importante esta tradición. Durante la coronación de Carlos V como emperador del Sacro Imperio se produjo un grave conflicto cuando los Grandes de España, haciendo uso de sus prerrogativas, pretendían permanecer con la cabeza cubierta durante la ceremonia, mientras los príncipes alemanes tenían que estar descubiertos, Tensión que solo finalizó con la petición del futuro emperador para que los españoles transigieran y renunciaran a un derecho fundamental de los Grandes de España.
Considerar de mala educación permanecer con la cabeza cubierta bajo techo lleva a muchas instituciones a fijar la prohibición de usar gorras, sombreros, etc. En este caso sí sería lógica la prohibición del hiyab, pero no por cuanto elemento religioso sino como prenda de vestir. Claro que para ser creíble esta prohibición debería ser por igual para todos, incluidas monjas y sacerdotes, por ejemplo.
Estoy de acuerdo con la decisión del gobierno de la Nación de negarse a prohibir legalmente el hiyab porque sería ir contra la constitución ya que solo tendría sentido basándose en su uso religioso. Y me parece correcto que sean los centros, educativos, sanitarios, etc., los que establezcan sus normas internas de usos que, entre otras cuestiones y no la principal, regularan la posibilidad o no de estar con la cabeza cubierta.
Para finalizar, señalaré que a mi entender un argumento realmente contraproducente es el que compara las normas legales de países islámicos para impedir u obligar a seguir las costumbres españolas. Porque al hacerlo inconscientemente se compara una sociedad avanzada y democrática como la nuestra con sociedades en ocasiones medievales y sin garantías ni derechos humanos. Precisamente somos una sociedad decente porque defendemos el ejercicio de los derechos humanos y de la ley. Compararnos con ciertos países es una forma como otra cualquiera de insultarnos como sociedad.

domingo, 25 de abril de 2010

El regreso de la Memoria

La sociedad española observa atónita como un nuevo precipicio se abre a sus pies. La Memoria Histórica parece que ha desencadenado un torbellino de pasiones peligrosas, en el cual, como es humano, cada uno intenta arrimar el ascua a su sardina.
Tales dislates estamos leyendo y oyendo en los últimos meses, que me gustaría aportar algunas ideas que te ayuden a clarificar los debates.
Empecemos cronológicamente en el tiempo. En 1931, al abdicar Alfonso XIII, tras las elecciones municipales que dio una amplia mayoría a los partidos que abogaban por la república y por eso llamados republicanos, por motu proprio y en contra de los consejos de algunos de sus leales monárquicos, se abrió paso, de forma pacífica y sin fractura social, a la II República Española. Durante su existencia se sucedieron tres mayorías: la republicano socialista en un primer periodo, en la que se aprobaron la Constitución y las leyes más progresistas; la CEDA, que consistió básicamente en un periodo donde se intentó o produjo la “contrarreforma” de los gobiernos anteriores; y el Frente Popular, que apenas dispuso de unos meses para su desarrollo antes de que una parte de la jerarquía militar y de la alta burguesía, junto con la Iglesia Católica, promovieran un levantamiento militar que tras su fracaso se convertiría en nuestra Guerra Civil (a veces llamada Incivil por sus efectos) y que duró casi tres años (de julio de 1936 a abril de 1939).
A lo largo de esos casi tres años el gobierno constitucional intentó por una parte ganar la guerra y por otra mantener el control de su zona, rápidamente soliviantada por el rechazo social a los militares sublevados y a grupos revolucionarios más o menos organizados. Por su parte, los militares felones, rápidamente liderados por Francisco Franco, desarrollaron una campaña de terror y exterminio en los territorios que fueron ocupados, teniendo como ejemplo a Gonzalo Queipo de Llano y sus proclamas radiofónicas.
En ambos territorios se torturó, se robó, se confiscó, se asesinó. Es decir, en ambas zonas se produjeron miles, centenares de miles de víctimas inocentes.
La diferencia fundamental es que mientras en la zona “republicana” eso ocurrió contra la voluntad de la presidencia, el gobierno y las cortes, en la zona “nacional” fue instigada por las fuerzas militares con el objetivo de eliminar física, emocional y socialmente cualquier resistencia. La expresión más clara de ello la obtenemos de uno de los primeros y principales instigadores del alzamiento militar contra el gobierno constitucional, el general Mola, el cual proclamó el 15 de agosto de 1936 en Radio Castilla: “En resumen: ni rendición, ni abrazo de Vergara, ni pactos de Zanjón […] para los que alentaron a sabiendas una guerra de infamias, crueldades y traiciones, para esos jamás; antes la Justifica de la Historia, la nuestra, la de los patriotas, que ha de ser inmediata y rápida”.
Para los militares felones solo una justicia expedita que eliminara físicamente a los republicanos era aceptable. Y a ello se dedicaron durante y después de la guerra.
Por su parte, la voluntad de la República, expresada por su presidente Manuel Azaña durante su discurso en el Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1938, fue la contraria: "Es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros queremos que acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres, que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón.”
La victoria de los militares capitaneados por Franco se tradujo en la inmediata reparación de sus víctimas: empleos, pensiones, subvenciones, honores, etc. Durante años se persiguieron, juzgaron y en muchas ocasiones se ajustificaron a sus autores. Por el contrario, las víctimas de los franquistas y sus familiares siguieron sufriendo la discriminación, la pérdida de empleos, el expolio, la depuración, la prisión, e incluso el asesinato.
En 1975, año de la muerte del dictador, no solo no se habían reparado a las víctimas republicanas de la Guerra Civil sino que se añadieron muchas más a lo largo de los 36 años de gobierno totalitario. Decenas de miles habían sufrido cárcel entre 1940 y 1975, habían sido expedientados, disponían de antecedentes policiales, etc. Por ello, las fuerzas de izquierda exigieron como condición indispensable para cualquier avance la Amnistía. Es decir, la exigencia que a los acusados, perseguidos y condenados por cuestiones políticas durante la dictadura se le extinguiera su responsabilidad penal. Por ello, en 1977 se promulgó la Ley de Amnistía, que contra lo que hoy se pretende, no trataba de amnistiar los delitos producidos por la Guerra Civil, sino los producidos por las leyes franquistas, tanto para los acusados como para los acusadores.
Si leemos con detenimiento el artículo segundo lo podemos comprender: “En todo caso están comprendidos en la amnistía: a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar; b) La objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, por motivos éticos o religiosos; c) Los delitos de denegación de auxilio a la justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional; d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación; c) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley; d) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.”
Es decir, con la Ley de Amnistía se “perdonaron” los delitos cometidos por las fuerzas de izquierdas (incluidos los terroristas) y de derechas (incluidos los terroristas) así como los perpetrados por funcionarios públicos por cumplimiento o no de las leyes franquistas, como políticos, jueces y policías, entre otros.
Durante los gobiernos de Felipe González se produjeron algunas reparaciones a las víctimas republicanas, como fueron indemnizaciones, reconocimientos del grado a los militares republicanos, etc, pero sin proceder a las terapias de recuerdos de "comisiones de verdad" donde se investigaran todos los crímenes cometidos. En este sentido, la Transición supuso el compromiso colectivo de todos de olvidar, a cambio de asegurar el futuro del país.
¿Quién rompió el pacto de la Transición en España?
Por un lado, la Iglesia Católica, comenzó en 1996 un proceso masivo de beatificación de sacerdotes asesinados entre 1936-1939 durante la Guerra Civil en la zona republicana (los fusilados por los franquistas no han tenido el mismo trato), víctimas y familiares que ya habían sido reparadas tras la Guerra Civil, como durante décadas se podía observar en las lápidas de tapias y descampados con los nombres de los sacerdotes fusilados en las zonas republicanas. La falta de tacto de la Iglesia Católica hacia los asesinados por los franquistas (muchos de ellos ni siquiera descansaban en tierra sagrada y continuaban en cunetas de todo el país), junto a una interesada política de reparación de las víctimas del terrorismo de ETA por parte del PP que sólo a ellas consideró "dignas" de recuerdo y reparación, provocó que muchos de los y las familiares que aceptaron en los setenta “olvidar” a sus muertos, decidieran dar el paso y exigir ahora su recuerdo y reparación.
Ahora el Partido Popular y la jerarquía de la Iglesia Católica no pueden alegar sorpresa. Con su actitud chulesca, prepotente, insensible y desarmada, despreciaron a centenares de miles de víctimas torturadas y asesinadas por instigación de la propia Iglesia Católica, los militares y la Falange, y provocaron la justa indignación de sus familias. Con todo, lo que se ha venido exigiendo era tan solo poder abrir las fosas comunes, identificar a los muertos y enterrarlos decentemente, y hasta esto se ha negado la derecha sociológica y religiosa de nuestro país. La actitud insensible y humillante de la Iglesia y del PP hacia las víctimas del bando franquista ha animando a sus familias ir más allá: no solo pedir recuerdo y reparación, sino también justicia con la identificación de los verdugos y asesinos. Vicente Aleixandre afirmó que “olvidar es morir”. No podemos olvidar, ni el terror de ETA y sus víctimas, ni el terror de la Guerra Civil y sus víctimas, también las torturadas, asesinadas y secuestradas en las zonas controladas por los militares felones y las cometidas después en todo el territorio nacional.
La jerarquía de la Iglesia Católica ha demostrado una vez más un egoísmo perverso y maligno al despreciar a las víctimas que no son suyas aunque sean víctimas de ella. La derecha sociológica española ha demostrado que su único interés es intentar “reescribir” la historia y evitar así la "mancha" del pasado fascista que le aleja de la derecha democrática europea.
Y una vez más, el centro liberal y la izquierda sociológica española deberá asumir la responsabilidad de la historia y sin dejar de honrar y recordar a sus muertos, pero sin odio ni rencor mandar a toda la sociedad un mensaje de paz, de piedad y de perdón.

martes, 13 de abril de 2010

Si yo fuera padre…

Si yo fuera padre y tuviera un hijo en un colegio, católico o no, me preocuparía por saber el protocolo de para la detección y tratamiento en casos de abusos de los menores por parte de otros alumnos o adultos (profesores, personal deportivo, etc.)
Si yo fuera padre y tuviera una hija en catequesis, me preocuparía por conocer cuáles son las medidas preventivas para detectar a los posibles pedófilos que puedan rondar por el grupo.
Si yo fuera padre y tuviera un hijo en un grupo scout, laico o católico, o en un club deportivo estaría ojo avizor para evitar que fuera objeto de abusos sexuales por parte de compañeros, monitores o directivos.
Afortunada o lamentablemente no soy padre. Pero me sorprenden los miles, millones de padres que ante la posibilidad de que en la Iglesia Católica se esté amparando, protegiendo y ocultando pedófilos, lejos de preocuparse de sus hijos, ataquen verbalmente de forma agresiva a los que sí se preocupan.
¿Qué tiene la religión que lleva a un padre o a una madre a renunciar a su mayor vocación y obligación, que es la protección de la integridad física y emocional de su hijo, por defender a una organización que a la vista de todos ha demostrado que no ha sido celosa en la denuncia y la persecución de los pederastas que se han escondido en sus filas?
Los argumentos que vengo escuchando en defensa de la jerarquía católica me parecen peregrinos.
Unos dicen que no todos en la iglesia son pederastas, y que solo representan una pequeña parte. ¡Naturalmente! Si se llegara a pensar que la mayoría de los sacerdotes son pedófilos la única solución sería disolver a la Iglesia Católica.
Otros justifican que en otros ámbitos también hay pedófilos, incluso más. ¡Evidentemente! Debe ser así ya que los sacerdotes es una parte muy pequeña de la sociedad. Pero si se pudiera comparar los porcentajes, posiblemente el tanto por ciento de sacerdotes pederastas es mucho más alto que su tasa en la población en general.
Los hay que invierten la acusación exigiendo que se culpabilice también al colectivo de profesores o de monitores deportivos, por ejemplo. ¿Quién ha escuchado a un consejero o ministro de educación dando órdenes de ocultar casos de pedofilia y proponiendo el traslado del pedófilo a otro centro? En cambio hay pruebas documentales e incluso confesiones de miembros de la jerarquía católica en este sentido.
También los hay que se suman a la declaración Tarcisio Bertone quien ha afirmado que sí existe vinculación entre homosexualidad y pedofilia y no entre ésta y celibato. ¿Y los hombres pedófilos occidentales que acuden a los prostíbulos de niñas en oriente son homosexuales?
La Iglesia Católica ha creado un universo que atrae y promueve los comportamientos sexuales más desordenados. Al demonizar el deseo sexual crea creyentes con grandes complejos y sentimientos de culpa que castran el desarrollo sano de la persona. Al promover el celibato y la castidad, aumenta los sentimientos de culpa de sus miembros ante el deseo sexual natural del ser humano, además de servir de refugio a aquellos hombres que pretenden ocultar su falta de interés hacia las mujeres, bien porque sean homosexuales, bien porque sean pedófilos. Al segregarlos espacialmente, separándolos de su localidad de nacimiento y en centros exclusivos de hombres y de mujeres, dificulta el lógico control social que la familia y los vecinos ejercen en la vida de cualquier ciudadano. Al dedicarse a la educación, se ofrece un trampolín perfecto para los pedófilos.
Todo este sistema atrae a los pervertidos sexuales, fomenta el trastorno afectivo-sexual, y favorece la creación de redes pedófilas de apoyo mutuo dentro de la Iglesia Católica que les permiten burlar la denuncia y el castigo. ¿Y cual es la respuesta de la Iglesia Católica?
Hoy sabemos que desde marzo de 1974, existe una "Instrucción" del entonces secretario de Estado, el cardenal Jean Villot, en la que se establecía que "En determinados asuntos de mayor importancia" entre ellos la pedarstía "se requiere un particular secreto, que viene a ser llamado secreto pontificio y que ha de ser guardado con obligación grave... Quedan cubiertos por el secreto pontificio..." estando obligados a dicho secreto "Los cardenales, los obispos, los prelados superiores, los oficiales mayores y menores, los consultores, los expertos y el personal de rango inferior, los legados de la Santa Sede y sus subalternos".
Es decir, hoy sabemos que si nuestros hijos sufrían abusos sexuales por parte del sacerdote que les educaba no solo no se dispararía un protocolo de detección, sino que se activaría un protocolo de ocultación y silencio. ¿Quienes entre los que han tenido hijos en colegios religiosos, clubes, asociaciones parroquiales, etc. pueden estar seguro que no han sufrido abusos los cuales han sido silenciados por una potentísima maquinaria de ocultación por voluntad de la Santa Sede?
Si yo fuera padre, siempre estaría preocupado por la integridad física y emocional de mi hijo, estaría sobre aviso en la guardería, el colegio, el club o sus amiguitos. Y si tuviera relación con la Iglesia Católica mucho más.
Y lo que me sorprende es que a miles, decenas de miles de padres responsables, no les preocupe en absoluto y sigan tan tranquilo dejando en manos de la Iglesia Católica a sus niños y niñas.

domingo, 11 de abril de 2010

La muerte de un cretino

Ya sabemos que es costumbre patria hablar solo bien de los muertos. Parece que la muerte es un salvoconducto hacia la bondad o la puerta a un miedo ascentral a la venganza de los muertos.
Pero en este caso hay que reconocerlo: el presidente polaco Kaczynski era un cretino y con su muerte el mundo es un lugar un poco mejor.
Los adjetivos que me atrevo a utilizar son amplios: homófobo, idiota, imbécil, soberbio, prepotente, reaccionario, tóxico.
Sobre las causas de su muerte, EL MUNDO ofrece un amplio abanico que muestra que el mayor responsable de la tragedia fue la propia estupidez del presidente polaco. "Kaczynski ordenó a su piloto aterrizar en Tiblisi en 2008 pese a los controladores - El presidente polaco fallecido hizo uso de sus facultades como comandante en jefe del Ejército para ordenar el aterrizaje" Este antecedente parece que puediera estar detrás de la insistencia del piloto de realizar cuatro intentos de aterrizaje a pesar de las órdenes de los controladores para que aterrizaran en otro aeropuerto por la mala visibilidad.
"Kech Kaczynski pronunció esta frase: ahora que he visto a un primer ministro ruso lamentar la matanza de Katyn, puedo morir tranquilo" (EL MUNDO – edición papel : 11 de abril de 2010, página 34). La propia formulación de la frase muestra la estulticie del que la emite.
"Pero es que, además, este viaje nunca debió producirse. Porque el miércoles ya tuvo lugar un acto histórico en Katyn de homenaje a las víctimas, presidido por el primer ministro polaco, Donald Tusk, y por Putin, con el que se trataba de iniciar una nueva página en las intrincadas relaciones entre Varsovia y Moscú. Kaczynski se negó a asistir por sus irreconciliables diferencias tanto con Tusk como con el Kremlin. Y decidió organizar una ceremonia alternativa ayer, que incluso le iba a privar de su intención de acudir al Bernabeu para ver el Real Madrid-Barça" (EL MUNDO – Edición papel : 11 de abril de 2010, Editorial página3).
Se demuestra que para el presidente polaco lo principal no eran las víctimas estalinistas sino su propia soberbia. Su inmenso ego albergado en tan pequeño cuerpo no podía aceptar compartir el homenaje con su propio primer ministro y Putin, sino que necesitaba su propia ceremonia acorde con su vanidad, importándole un pepino las víctimas.
Los dos hechos más conocidos en España de su presidencia han sido su boicot a la Constitución de la Unión Europea, aprobada por el pueblo español en su version original, y por las Cortes Generales en su versión reducida; y su empeño en perseguir a los gays y las lesbianas de Polonia.
Hablamos no solo de iniciativas legales para prohibir la promoción de la homosexualidad o cualquier otra desviación de los centros educativos con el despido, multas o el encarcelamiento, sino también de estupideces como la de promover una investigación para conocer si tras los Teletubbies se escondía una campaña de promoción de la homosexualidad.
Bajo su presidencia, miembros del gobierno y la mayoría parlamentaria han pronunciado frases como “No confundamos la propaganda brutal de la homosexualidad con llamamientos a favor de la tolerancia. Se trata de un tipo de locura, y en vista de esto, para ellos, nuestro gobierno será sin duda una noche oscura”, “Si los desviados comienzan a manifestarse, habrá que aporrearlos” o “Las prácticas homosexuales conducen al drama, el vacío y la degeneración”. Muy recomendable es leer la entrada “Homosexualidad en Polonia” que le dedica Wikipedia.
Su homofobia ha causado dolor y sufrimiento en miles, decena de miles de gays y lesbianas polacas. Un dolor causado de forma intencionada, planificada y voluntaria. En definitiva, el presidente polaco era un sádico homófobo, prepotente, paranoico, torturador y estúpido al que pudo más su soberbia que su inteligencia y responsabilidad. Los gays y las lesbianas del mundo estamos de enhorabuena. Con su muerte, las personas de bien debemos alegrarnos de que Polonia y Europa sean lugares un poco mejor.